La involución es un retroceso en la evolución, una regresión a un estado anterior. Y así es como debe calificarse la modificación de la ley del suelo vasca que Denis Itxaso, al frente de PSE y PNV en el gobierno vasco, está impulsando, porque introduce una vía de excepción para los proyectos llamados prioritarios que recuerda a la época más negra del urbanismo de ensanche del que en Altza tanto sabemos. Para ello no duda en modificar, a golpe de proposición de ley, 7 leyes en vigor y 12 artículos de la ley del suelo vasca.
El proyecto presentado por el antiguo concejal del ayuntamiento donostiarra, Denis Itxaso, fulmina para determinados proyectos la distinción entre planeamiento (función pública por definición) y gestión (reparto de los intereses privados), convirtiendo la labor técnica de planificación, dirección y control del proceso urbanístico en la sombra de lo que ha sido hasta ahora. No contentos con esta vía de excepción, a esta nueva figura se le permite incluso modificar el Plan General (un plan hasta ahora de categoría jerárquica superior y blindada) hasta en un 10 %.
Junto a estas medidas de procedimiento la otra gran bomba que tiene preparada el Sr. Itxaso es la posibilidad de disminuir el porcentaje de vivienda protegida en el suelo urbanizable, del 75 % actual hasta un 60 %. Así es, para hacer más vivienda protegida disminuyen el porcentaje, el mundo al revés.
Tal y como denunciaron a finales de julio 16 grupos ecologistas, la ley, además, pretende introducir modificaciones de gran calado en la legislación sobre evaluación ambiental y en la de control de la contaminación. Estos super-proyectos van a disfrutar de excepciones en toda su tramitación. Compartiendo la postura de los citados grupos, hemos de decir que, efectivamente, el proyecto de ley supone la eliminación de garantías ambientales. Dicho resumidamente, a partir de la misma se eliminaría el filtro del órgano ambiental del Gobierno Vasco que en la ley actual somete a todos los planes a la criba de un órgano independiente respecto de los intereses en los proyectos. Y lo mismo puede decirse del control de la contaminación de los suelos puesto que el proyecto busca relajar los controles para la construcción de viviendas en suelos contaminados con reducción de las garantías en materia de salud pública y medioambiental. ¿Para los más pobres cualquier cosa vale?
Según las opiniones más autorizadas,
el proyecto tiene como leiv motiv fundamental
alisar los escollos que está encontrando en el camino el plan
para edificar más de 3.000 viviendas en las campas
y terrenos rurales de Auditz-Akular, en Altza.
Ha de recordarse que, además de haber suscitado la oposición de un sector importante de las y los altzatarras, recientemente el órgano ambiental del Gobierno Vasco, con motivo del informe preceptivo al Avance del Plan General de Donostia, ha recomendado vivamente, por varios e importantes motivos, no edificar en suelos de Auditz-Akular. La resolución del Gobierno Vasco, que no se ha hecho pública más que por Altza XXI, echa un jarro de agua fría sobre el proyecto y ha puesto nerviosos a sus máximos valedores, ex-alcalde y ex-concejales del consistorio donostiarra del partido socialista (recordemos que el Sr. Itxaso fue concejal donostiarra entre el 2003 y 2015). De ahí un proyecto de ley, de mano de uno de ellos como consejero ahora de vivienda, que supone un verdadero estado de excepción en la disciplina y labor urbanística y un golpe de estado en materia medioambiental. Un proyecto que, además, con 2.400 viviendas de alquiler social es un claro ejemplo de segregación social, un modelo que ya ha sido descartado hasta por Alokabide después de la experiencia de las 312 viviendas de la calle Bremen en Gasteiz.
Como denuncian los colectivos ecologistas, no se puede dejar la evaluación ambiental en manos de los ayuntamientos impulsores de los proyectos porque, además de no tener medios para ello, vulnera la Directiva europea 2011/92/UE que exige la independencia orgánica y funcional de ambos órganos.
Por si todo esto fuera poco, resulta que el argumento de toda esta excepcionalidad es que la culpa de la situación de emergencia que sufrimos en materia de vivienda la tiene que no se construya suficiente vivienda protegida por las dificultades del procedimiento urbanístico y por el excesivo estándar en el suelo urbanizable. No dice el Sr. Itxaso que el motivo de que en Donostia no haya ni un 4% de vivienda protegida es que la mayoría de alcaldes y concejales del ayuntamiento han tenido una postura cicatera con la vivienda “barata” y han preferido impulsar la vivienda de venta libre en la ciudad. No dice que esa realidad se ha dado mientras se construían más de 28.000 viviendas en los últimos 30 años (un tercio del parque total). No dice que, por mucho que se hagan planes que contienen vivienda protegida, los promotores y constructores siguen siendo en Donostia un lobby con mucho poder capaz de presionar y obtener sus objetivos; no dice, en fin, que su departamento de vivienda ha demostrado ya que no tiene capacidad para gestionar vivienda protegida, aunque tenga los planes aprobados y los suelos cedidos, como pasa en más de un municipio.
Francamente, todo esto no es sino una larga campaña electoral que el Sr. Itxaso encabeza, y nos deja ante la pregunta de cuáles son los intereses que defiende. Qué se esconde o quién está tras el empeño por construir en Auditz-Akular. ¿Priman otra vez los intereses económicos de unos pocos?
La protección del medio natural y de los recursos para hacer frente al cambio climático, de la biodiversidad, de la ocupación equilibrada y sostenible del territorio, la cohesión social y la igualdad de derechos de la ciudadanía están en juego con esta nueva ley, y por responsabilidad vamos a hacerle frente.
ALTZA XXI HERRI EKIMENA
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