AVANCE DEL PLAN GENERAL DE DONOSTIA: OFERTA DE VIVIENDA DESEQUILIBRADA, INSOSTENIBLE Y CONTRARIA A LA COHESIÓN SOCIAL.
A punto de terminar los talleres de participación ciudadana de la tramitación del Avance del Plan General de Donostia, cuando ya se puede afirmar que está siendo un proceso ninguneado por el equipo de gobierno municipal, queremos trasladar una serie de reflexiones en torno a la cuestión de la vivienda en la ciudad.
El tema de la vivienda fue objeto de una sesión monográfica el pasado martes, 26 de noviembre, al que, nuevamente y como viene siendo habitual, no acudió ningún concejal del equipo de gobierno. Menosprecian así una oportunidad de oír, en vivo y en directo, a la ciudadanía, pero es que además incumplen el mandato legal de acometer un proceso de debate del futuro de la ciudad serio y abierto a todos los elementos actores de la ciudad que por ley es obligatorio en cada proceso de revisión, o sea, cada 15 años (el anterior se acometió entre 2006 y 2010). Y no han sido capaces de mostrar un mínimo respeto cuando además nos está costando mucho dinero a todas y todos (hay un equipo especial contratado para dinamizarlo); no sabemos si porque no les importa lo que pensemos o porque tienen las decisiones tomadas. Probablemente en su actitud hay mucho de falta de respeto y otra parte de compromisos previos al margen de la ciudadanía.
Y así es como no se habrán enterado de que se está convirtiendo en clamor, entre quienes acuden a estas sesiones, que la ocupación de Auditz-Akular es un sinsentido, una invasión y un error histórico. En Altza lo tenemos claro desde hace 24 años, desde los inicios de las maniobras para justificar un plan de ensanche repescado de los años 50. Y por eso, porque nos ha tocado reflexionar mucho al respecto, ahora lo hemos hecho respecto de la cuestión de la vivienda.
En Donostia hay un escaso 5 % de vivienda protegida, y, la otra cara de la moneda, un 95 % de vivienda de venta libre. Esa es una realidad forjada a base de despreocupación y falta de sensibilidad de los equipos de gobierno municipal por las necesidades de la ciudadanía con menores recursos. Esa, que es una verdad a gritos, se ve corroborada por los datos que ofrece el Avance del Plan General.
La historia empieza cuando en Benta Berri se renuncia a implantar un polígono de vivienda totalmente protegida, que era el motivo de recalificar suelos industriales a residenciales, y se reduce hasta un mínimo testimonial. Desde entonces, en los últimos 30 años se han construido casi 30.000 viviendas. De los 42 ámbitos que relaciona el Avance en el cuadro sobre evolución de la vivienda en el municipio, sólo en 16 se hizo vivienda protegida. Por poner solo un ejemplo, en proyectos como el de San Bartolomé de 500 viviendas sólo 39 fueron protegidas.
A ello hay que sumar que el ayuntamiento ha sustituido históricamente la cesión de aprovechamiento que todas las propiedades de ámbitos tienen que hacer a la comunidad (entre un 10 y un 15 % según la época) en su valor económico, renunciando nuevamente, a intercalar vivienda protegida a lo largo y ancho de la ciudad, y desoyendo además el mandato legal que ordenaba y ordena utilizar esa cesión en promover vivienda protegida.
No son leyes lo que han faltado, sino voluntad política de atender a una realidad que, llegados a este momento, se nos antoja como emergencia social, porque no hay prácticamente donostiarras que puedan acceder a comprar una vivienda libre en la ciudad.
En estas circunstancias, y sin perder de vista que perseguimos entender la verdadera motivación de tener que invadir 80 hectáreas de suelo rural, virgen y singular en Altza, hemos de referirnos a la oferta de vivienda del Avance. De 28 ámbitos calificados para uso residencial, en 2 de ellos toda la vivienda es libre, cero vivienda protegida, y de la previsión total hay casi 6.000 viviendas libres.
Queremos reparar en que no hay en todo el documento ni el más mínimo intento de medir la necesidad de vivienda de la ciudadanía donostiarra. Resulta llamativo porque los planes generales han de responder precisamente a eso, a las necesidades de la ciudadanía, en todo los ámbitos, incluido el de la necesidad de vivienda. Es más, en la página 36 del avance se expresa claramente que el fin principal de la vivienda construida en la ciudad no parece ya ser el de atender la demanda endógena de la propia ciudad y sus residentes, y a continuación se apuesta por una oferta que denomina “potencial cualificada”. Para ello el plan pretende recalificar ámbitos que previamente no tienen derechos edificatorios residenciales (como ejemplo, parcela del Diario Vasco) estableciendo únicamente el porcentaje de vivienda protegida mínimo por ley, cuando esas son, precisamente, las oportunidades para generalizar la vivienda protegida por toda la ciudad. Confunden así, vulgarmente, el mínimo legal con el máximo, y olvidan el óptimo y necesario.
En definitiva, la demanda de la ciudad está claramente marcada por la necesidad de vivienda protegida y sin embargo el plan general pretende calificar suelo para responder a la vivienda libre, de inversión. Y ahí es donde situamos la perversa estrategia de guardar los suelos céntricos de la ciudad para la vivienda de venta libre y volver a expulsar a la periferia, como en los años 60 y 70, la vivienda protegida y, sobre todo, a los parias de sus ocupantes.
Nos encontramos así con un Avance de Plan General que formula una oferta de vivienda desequilibrada, insostenible y contraria a la cohesión social, que desoye el mandato de no ocupar suelos rurales depositarios de valores ecosistémicos, dignos de preservar y restaurar, que desobece la orden legal de distribuir la vivienda protegida por el territorio, sin concentraciones propias del pasado, y que desatiende las reivindicaciones de una población que fue concentrada en densidades imposibles (hasta 200 viviendas por hectárea) y sin apenas dotaciones de espacios libres, zonas verdes y otros servicios, y que continúa reclamando una reparación histórica.
Este Avance tiene que contemplar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades de la población. Y en la situación actual, que en Donostia se identifica como de emergencia social (recordémoslo, un escaso 5 % de vivienda protegida), la propuesta de miles de viviendas de venta libre no tiene justificación. El ayuntamiento tiene la responsabilidad de responder en este Plan General, en los próximos 15 años, a esa situación de emergencia social y para ello tiene que poner los medios legales a su alcance y contemplar una oferta protegida diseñada en base a las necesidades y repartida por toda la ciudad. Y debe olvidar la oferta de vivienda libre para inversores, que es la que está convirtiendo a la ciudad en un ejemplo de desmedida turistificación y segregación social. Hay suficiente vivienda libre en la ciudad para hacer frente a esa demanda, recordémoslo, más de un 95 % del parque total.
Altza XXI Herri Ekimena
2 de diciembre de 2024