Según titulares de prensa recientes, Ayuntamiento de Donostia y Gobierno Vasco se comprometen a desarrollar Auditz-Akular, es decir, a construir más de 3.000 viviendas en terrenos rurales de Altza, 2.400 de las cuales lo serían en alquiler.
Resumida así la cuestión, no cabe duda de que se trata de una cuestión fuertemente mediática. La promesa de construir mucha vivienda, ahora mismo, vende bien, puede generar votos, pero en esa batalla pueden perder el sentido común y la razón.
Lo primero que llama la atención es que ninguno haga mención a que el órgano ambiental del Gobierno Vasco, en su informe al avance de la revisión del Plan General, haya recomendado vivamente, por varios e importantes motivos, no edificar en suelos de Auditz-Akular. Entendemos que, si no fuera porque se halla clasificado como urbanizable desde 2010, lo hubiese prohibido. Evitan así los dos políticos la cuestión de que estamos ante suelos en estado natural, de importantes valores ambientales y ecosistémicos, agropecuarios, de recursos hídricos, en definitiva, un refugio climático y reserva de biodiversidad. Y esos son los suelos que quieren invadir con el mayor proceso urbanizador de la Comunidad Autónoma, con excepción de Zorrotzaurre (DV 09/11/2025).
Además, no dicen los Sres. Itxaso e Insausti que la construcción de vivienda en Auditz-Akular, pese a su voluntad y compromiso, está muy lejos en el tiempo, porque el plan vigente, del 2010, es altamente inviable económica y técnicamente, tanto que hasta ahora lleva 15 años paralizado. Los cientos de millones en gastos para urbanizar el monte han hecho que ni los promotores del suelo se hayan aventurado.
No dicen que, puestos a cambiar el plan para hacerlo viable, confían en poder utilizar la vía de excepción, a través de la nueva proposición de ley de EAJ y PSE, que el consejero de vivienda viene anunciando los últimos meses pero que todavía se halla en tramitación. Y lo que es más gordo, que es una modificación de 7 leyes y 12 artículos de la ley urbanística, aprobada en 2006 por el parlamento vasco, que tiene serios problemas de legalidad. Como se está calificando en los medios profesionales urbanísticos, es una contrarreforma, una involución, un estado de excepción.
Ambos políticos no dicen que la pretensión de esa ley, de establecer un procedimiento excepcional para determinados proyectos otorgando el control medioambiental al mismo órgano que promueve el plan, vulnera la Directiva europea 2011/92/UE, que exige la independencia orgánica y funcional de ambos órganos, tal y como ha sido recientemente recordado por la sentencia del Tribunal europeo de Justicia de 8 de mayo de 2025. Dice la sentencia que la única manera de evitar los conflictos de intereses (por la mezcla de intereses que puedan entrar en conflicto) es garantizar la objetividad de las autoridades competentes o, lo que viene a ser lo mismo, que el ayuntamiento no debe informar sus propios planes.
No dicen, finalmente, que la situación de la vivienda en Donostia, que tiene un 95 % de vivienda de venta libre, se debe a la política de sus respectivos partidos al frente del consistorio. No olvidemos que el consejero Itxaso fue concejal entre 2003 y 2015. Efectivamente, según datos del Avance del Plan General, de 2022, en los últimos 30 años se han construido más de 28.000 viviendas en Donostia y un escaso 4 % lo ha sido protegida. No se ha ejecutado más que el 17,30 % de los alojamientos dotacionales y no ha habido un aumento significativo de la vivienda pública. Según DV 09/11/2025, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco lleva más de 10 años sin promover vivienda protegida en Donostia. Lo que ambas administraciones no han hecho durante décadas quieren hacerlo ahora de golpe, en el sitio inadecuado y con un proyecto insostenible, desequilibrado y que provoca segregación social.
Tampoco realizan mención alguna a que la concentración de 2.400 viviendas de alquiler en el mismo ámbito es una práctica de segregación social que nos hace retroceder varias décadas, además de un peligroso experimento sociológico y totalmente contrario a la cohesión social que, como principio legal, ha de definir al urbanismo moderno. Podrían consultarle a Alokabide, órgano del Gobierno Vasco, su experiencia de concentración de 300 viviendas en la calle Bremen de Gasteiz, experiencia que le ha llevado a declarar públicamente que ha de actuarse en unidades de menor tamaño porque la concentración es insostenible.
En definitiva, no podemos callar ante este intento de vender un proyecto que, en realidad, es una invasión de casi 100 hectáreas de los últimos terrenos rurales de la zona este de la ciudad (provienen de la unidad ambiental San Marko-Lauhaizeta-Ametzagaina del PTP de Donostialdea hasta 2020, cuando se excluyeron), que sacrifica suelos de alto valor medioambiental, ecosistémico y agrológico, y que supone una concentración incompatible con la cohesión social. Un proyecto que este mismo año ha sido informado negativamente por el órgano del Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente, cuestión flagrantemente acallada por el ayuntamiento y por el Sr. consejero de vivienda del mismo gobierno.
Cabe preguntarse quién gobierna este país, si las estrategias de campaña electoral o la razón y el sentido común del Departamento de Medio Ambiente. Y la otra pregunta es, si vamos a consentir que quienes pierdan sean el territorio y las generaciones futuras; y quienes ganen, los promotores inmobiliarios, los Ucín y Guibert de turno (élite económica que aparece en la revista Forbes, famosa por sus listas de los más ricos del mundo), propietarios de más de 100.000 m² en 2010 bajo la firma Inmobiliaria Renteria S.L..
Iniciativa Ciudadana ALTZA XXI Herri Ekimena
10 de noviembre de 2025