Ahora que los partidos de los gobiernos de Donostia y Gobierno Vasco están diariamente en la prensa con el tema de la vivienda, queremos hacer una serie de apuntes críticos sobre su práctica ya que sus declaraciones a los medios de comunicación no van seguidas de una actuación consecuente.
Efectivamente, no se puede entender que en Donostia el Plan General cuando recalifica para vivienda suelos que no tenían ese uso, se limite a contemplar el estándar legal mínimo de vivienda protegida.
La preocupación por la crisis habitacional y la inmensa dificultad de acceder a una vivienda digna en la ciudad debiera conllevar que en esos ámbitos, que no tienen derechos edificatorios residenciales previos, se exigiera que el 100 % fuera de vivienda protegida. Para eso están los convenios urbanísticos y eso sería una gestión de la política de vivienda eficiente. Y lo contrario es repartir la lotería de la recalificación y repetir la política de generar enormes plusvalías a propietarios del suelo y promotores a través del urbanismo.
Lo triste es que de esas enormes plusvalías también se ha venido beneficiando, además de los promotores a través de los pelotazos que generan las recalificaciones de las que hablamos, el propio ayuntamiento que ha visto financiadas sus inversiones en otros ámbitos mediante el cobro de impuestos a la construcción y de la cesión del 15 %.
Pero el urbanismo tiene que dejar de producir esas enormes plusvalías a cuenta de la ciudadanía necesitada de vivienda. Es inmoral y, hoy en día, hasta ilegal porque las leyes de vivienda, estatal y autonómica, exigen a los ayuntamientos que actúen a través de los instrumentos legalmente previstos.
El urbanismo de las plusvalías tiene que morir porque es incompatible con las políticas públicas de vivienda protegida y con la función social que caracteriza al urbanismo.
Si el urbanismo se gestionase como debe ser no haría falta echarse al monte y destruir un millón de m² de zona rural de alto valor ecológico, agrológico y funcional en Auditz-Akular.